FFG 1MaigLa sociedad se encuentra ante una emergencia social enorme: la precariedad de la juventud. Este 1 de mayo, día del trabajador y la trabajadora, queremos reivindicar la necesidad de un nuevo pacto social que detenga el deterioro constante de las condiciones de vida de las personas jóvenes para que no se vulneren sus derechos como ciudadanos en lograr un trabajo digno, porque la precariedad laboral de la juventud tiene consecuencias para toda la sociedad.

Las personas jóvenes han sido uno de los colectivos más castigados por la crisis económica asociada a la pandemia y son los que han sufrido una mayor destrucción de empleo. El año 2020 finalizó con un 27,3% de paro juvenil en Cataluña. Entre las personas de 16 a 24 años, esta cifra se eleva hasta el 38,1%. Los y las jóvenes han sido los primeros en perder el trabajo debido a su precariedad en el mercado de trabajo. En Cataluña, 6 de cada 10 jóvenes tienen contratos temporales. El salario medio de los menores de 29 años es mucho más bajo que el de generaciones mayores. Además, es un colectivo que se escapa del sistema de ayudas públicas, ya que sólo el 10,6% de los jóvenes reciben algún subsidio o prestación de desempleo.

La precariedad laboral repercute en todo el resto de aspectos de la vida. Reduce la posibilidad de emancipación y es que se está retrasando cada vez más la edad en que las personas jóvenes acceden a una vivienda. Pero al mismo tiempo también tiene consecuencias para la salud y es que en 2020 se han disparado el diagnóstico de trastornos mentales en la juventud debido a la incertidumbre económica y la reducción de sus expectativas vitales.

Esta crisis que sufren enormemente las personas jóvenes es un problema para toda la sociedad. Se traduce en un descenso de la natalidad o en la imposibilidad de sostener un sistema público de pensiones o de financiar políticas públicas en recaudar cada vez menos impuestos de un colectivo cada vez más vulnerable.

Por todas estas razones, hace falta una apuesta clara por invertir en la juventud como un elemento estratégico para garantizar los derechos de las personas jóvenes, lograr la cohesión social y dar estabilidad al sistema. Es necesario que la administración pública desarrolle medidas en el ámbito laboral destinadas a reducir la precariedad de la juventud. Pedimos una legislación que promueva la contratación estable y salarios más dignos. Pero hay que ir más allá y adoptar políticas transversales (empleo, economía, formación, vivienda, salud mental, etc.) que permitan reducir esta vulnerabilidad de las personas jóvenes.