La crisis sanitaria del Covidien-19 ha provocado la suspensión de las procesiones y ceremonias religiosas previstas para Semana Santa en todo el Estado Español. Comunidades como Murcia, Madrid, Castilla y León o Sevilla han cancelado todos los actos de carácter religioso atendiendo al Estado de Alarma decretado por el ejecutivo español hasta el próximo 12 de abril, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias , para evitar la propagación de la pandemia.

Catedral SevillaEl Govern Español ha fijado esta fecha después de que se hayan suspendido todos los actos religiosos relacionados con la Semana Santa. El ejecutivo ha tomado esta decisión para evitar los 30 millones de desplazamientos que se esperaban en todo el país durante este periodo. La misma Santa Sede del Vaticano anunció el pasado 15 de marzo que todas las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se celebrarán sin la presencia de fieles por la emergencia sanitaria del coronavirus.

El último decreto del Gobierno Español para reducir desplazamientos, comunicado por el presidente Pedro Sánchez el pasado 28 de marzo, obliga a quedarse en casa a todos los trabajadores y trabajadoras de actividades no esenciales del 30 de marzo al 9 de abril. El objetivo de esta medida es rebajar la movilidad de la ciudadanía española.

Si bien en un contexto como el actual el ejecutivo debe centrarse en la lucha para combatir la pandemia mundial que estamos viviendo, la crisis económica que derivará de este conflicto es fácil de prever. En esta situación, es más necesario que nunca evitar aquellos gastos públicas que no velen por el conjunto de la sociedad. Hay que derogar el Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español. Unos acuerdos que, desde el año 1979, otorgan privilegios económicos, educativos y culturales en la Iglesia Católica.

Uno de los privilegios que se activa cada abril es el de la recaudación del 0,7% del IRPF de aquellas personas que marquen la casilla de la iglesia católica, una vía de recaudación directa con la que no cuenta ninguna otra confesión , ni entidad y que detrae dinero de los presupuestos generales del Estado.

Aunque en varias ocasiones se ha puesto en duda los privilegios y la influencia desmedida de la Iglesia hacia el Estado, los acuerdos siguen vigentes y aún no se ha iniciado ningún procedimiento de reforma o de derogación.

Además, tal y como demuestran los datos recogidos en el Informe Ferrer Guardia 2018, nos encontramos en una sociedad cada vez más secularizada y con menor número de creyentes practicantes. En España los jóvenes adscritos a opciones de conciencia no religiosa casi constituyen el 49% del total mientras que en el grupo de personas mayores de 65 años, la cifra de no adscritos a una conciencia religiosa es del 10%. El informe también muestra que actualmente tan sólo un 25% de la población española creyendo se declara practicante al conjunto del Estado Español.

Así pues, vivimos en una sociedad donde la transformación generacional respecto la creencia y la práctica la religiosa es indiscutible, lo que corrobora que hoy en día los privilegios de la Iglesia tienen menos sentido que nunca porque no acompañan la realidad social de nuestro país. Por otra parte, el Concordato también vulnera el principio de igualdad y la neutralidad del Estado en asuntos religiosos presente en la Constitución. Por lo tanto, el Estado no representará a toda la ciudadanía si no mantiene su independencia de la Iglesia.

En definitiva, la actual suspensión de las procesiones y ceremonias religiosas de Semana Santa en todo el Estado Español es una medida necesaria para paliar la crisis sanitaria del Covidien-19. Sin embargo, la crisis económica que se convertirá de este contexto también requerirá medidas para garantizar el bienestar de la ciudadanía española y, para ello, será necesario, entre otras muchas medidas, no desviar presupuestos públicos a la financiación de los privilegios de la Iglesia católica establecidos hace ya más de 40 años.